Supongo que estos días han oido la noticia de la detención de otro alcalde por corrupción urbanística. Este último episodio (conocido como Operación “Góndola”, posiblemente en relación con los pequeños canales del precioso puerto de Mogán) se ha desarrollado en el municipio grancanario de Mogán (en el sur de la isla), y donde, entre otros, han sido detenido su alcalde y la teniente de alcalde.
Y es que la costa sur de Gran Canaria (San Bartolomé de Tirajana y Mogán) es de las más alteradas del archipiélago canario, al estilo de las Costa del Sol, y donde las pequeñas y acogedoras calas se han ido perdiendo entre el hormigón de los complejos hoteleros, salvo pocas excepciones. La política de crear más y más camas hoteleras con el fin de acaparar una mayor couta de turistas, obvió la necesidad de compaginarlas con la preservación del entorno, verdadero atractivo para el turista. Aunque es gratificante el hecho de haberse considerado en este caso el delito ambiental, este se desvanece al reflexionar que este únicamente ha podido darse como consecuencia de una investigación por delito urbanístico. ¿Cuándo se valorará la conservación del medio ambiente por sí misma? ¿Para cuándo nos daremos cuenta de que es nuestro entorno y la diversidad biológica la verdadera riqueza de nuestros municipios? ¿Para cuando las administraciones se darán cuenta de que el desarrollo sostenible no es una estupidez de los “verdes” sino la herramienta que permitirá desarrollarnos con las garantías de que seguimos preservando nuestra riqueza?.
Los últimos datos apuntan que el caso de Anfi Tauro es sólo uno más de la lista de delitos que la Fiscalía Anticorrupción está investigando. Quizás florezcan más delitos ambientales. Sólo espero que esta investigación vele por la restitución del daño ambiental causado y que si se ha ganado dinero deshonestamente, éste sea devuelto al Ayuntamiento de Mogán -que ya nos estamos cansando de denuncias de corrupción donde nunca se oye que se recupera el dinero-.
